JORGE BUXADÉ,
La agricultura española es un sector estratégico que ha sido capaz de demostrarnos en los momentos más duros de las recientes crisis económicas y sanitarias su compromiso con la seguridad y soberanía nacional.
En VOX reconocemos la apuesta de nuestro sector agroalimentario por la calidad, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de estrictos estándares de producción que nos convierten en referente mundial en materia de alimentación.
La reforma de la PAC es fruto de un fanatismo ideológico que concibe la agricultura y la ganadería como un enemigo en su objetivo de alcanzar unos objetivos climáticos marcados por esa criminal Agenda 2030 diseñada a miles de kilómetros de aquí, en edificios acristalados, con falsos expertos que jamás han vivido las vidas de Juan, ese joven agricultor de manos encallecidas que nos hablaba en Cogolludo (Guadalajara) de las penurias que soporta el campo.
Esa es nuestra batalla: demostrar que garantizar la soberanía alimentaria y la prosperidad de nuestras explotaciones es lo mejor que podemos hacer por el hombre, las familias y la patria.
No pocas veces se utiliza por socialistas y populares a Bruselas como excusa o justificación de medidas que son estrictamente responsabilidad nacional. La PAC diseñada por Bruselas es mala pero la aplicada por el ministro Planas consigue empeorarla.
La PAC que se está aplicando desde principios de este año hasta 2027 se caracteriza por tres cosas a las que VOX se ha opuesto muchas veces en soledad en Bruselas, en el Congreso y allí donde tenemos representación: la reducción de un 20% del presupuesto de las ayudas a la que se añade la obligación de que un 50% de las mismas respondan a objetivos climáticos y medio ambientales; la introducción de una «arquitectura verde» a través de los ecoesquemas y la condicionalidad reforzada que suponen para el agricultor más costes, y más limitaciones para producir alimentos; y la consabida burocracia y complejidad en las ayudas que sólo alimentan las ya con sobrepeso estructuras administrativas autonómicas.
Todo ello sin olvidar que para el ministro Planas lo mejor de la PAC es la perspectiva de género y la condicionalidad ideológica. Les da igual el campo. Lo que quieren es adoctrinar y encima con nuestro dinero.
La criminalización de la actividad ganadera, ya sea en el debate sobre bienestar animal o en el de las emisiones industriales, es un ultraje al sentido común y a la más elemental decencia moral. Mientras el ministro de Consumo insulta a los productores de carne, Bill Gates y otros magnates sonríen esperando que pronto llegue la «prohibición total» con la excusa del cambio climático y la salud del planeta para forrarse, aún más, vendiendo su carne sintética. La gran pinza de los oligarcas con la izquierda ‘woke’.
Nosotros, sin embargo, sabemos que sin actividad ganadera nuestros cuerpos estarían débiles, nuestros pueblos vacíos y nuestros bosques volverán a arder otra vez este verano.
El bienestar animal no puede ser una excusa para que Europa se convierta en un museo de la ganadería, convirtiendo nuestras explotaciones en granjas-escuela donde los niños de ciudad toquen una vaca o una oveja como quien estudia los dinosaurios.
En la UE tenemos los estándares de bienestar animal más altos del mundo, nuestros ganaderos hacen mucho pero no podemos permitir que las importaciones no jueguen con las mismas reglas de juego que nuestros ganaderos. Mientras, la Comisión propone extender el ámbito de aplicación de la directiva de emisiones industriales a prácticamente el conjunto del sector ganadero por encima de 150 cabezas, agravando igualmente las rígidas reglas para el transporte de animales, los animales de granja y la normativa sobre huevos, aves y cerdos. La batalla sigue abierta. Nosotros, con nuestros agricultores y ganaderos.