Poco más de un año después de que el Gobierno cubano anunciara que tenía bajo estudio retirarle el derecho a recibir la cuota mensual de alimentos que distribuye a través de «la libreta», como es conocida popularmente la cartilla de racionamiento, a los cubanos que permanecieran por largos periodos fuera del país, la medida está siendo aplicada a rajatabla en toda Cuba, según reseña el sitio diario de Cuba.
El artículo destaca una foro de un cartel escrito a mano y colgado en una puerte de una bodega de la capital cubana que advierte «Aviso: Fallecidos. Reclusos. Personas que estén en la libreta de abastecimiento y se encuentren fuera del país. Presentarse en OFICODA urgente. De no hacerlo, será multado».
La imagen, muy compartida en las redes sociales cubanas, contrasta con el silencio oficial sobre el asunto. Aparte de una breve nota en el Noticiero Nacional de Televisión conminando a los jefes de núcleo a dar de baja a las personas que ya no viven en sus viviendas, el único preámbulo de la campaña fueron las visitas de funcionarios casa por casa para amenazar a las personas con multas si no cumplían lo establecido, aclara Diario de Cuba.
«Vinieron dos mujeres preguntando por mi nuera y nieta. Les dije que ella está estudiando en España con la niña y que no han podido regresar por el Covid-19», contó a DIARIO DE CUBA Esther María, una jubilada habanera que vive en Marianao. Después de entregarle unas planillas que debía llenar, le dieron 72 horas para presentarse en la estatal Oficina de Registro de Consumidores (OFICODA) para proceder a dar de baja a sus convivientes.
La medida aplicada ahora por las autoridades se apoya en la Resolución 78/91 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), que dispone la obligación de dar baja del registro a los consumidores que hayan fallecido, estén encarcelados, hospitalizados, recluidos en hogares de ancianos, designados en cargos o misiones oficiales o de viaje por asuntos particulares durante más de tres meses.
También debe cumplirse si el ciudadano cubano abandona el país de manera definitiva o viaja como becario o funcionario por más de tres meses y si es desalojado de su vivienda por resolución o sentencia del Instituto Nacional de la Vivienda.
De manera que la disposición ahora aplicada afecta a los emigrados, pero también a diplomáticos y profesionales en «misiones» del Gobierno en el extranjero.
Diario de Cuba subraya que los «mandados» racionados que el Estado entrega por «la libreta» apenas alcanzan para que una persona coma durante una semana. Sin embargo, la crónica escasez de alimentos hace que para muchos cubanos de bajos ingresos, en especial los ancianos y madres solteras, los productos que adquieren por esa vía sean críticos, sobre todo para tener acceso a huevos y carne de pollo.
La medida se aplica al mismo tiempo que el Gobierno despliega la impopular «Tarea Ordenamiento», por la que los alimentos racionados dejaron de estar bajo subsidio. A partir de enero de 2021 los «mandados» pasaron a costar 180 pesos, un incremento de alrededor del 1.500%.
Desde las ciudades cubanas, varios internautas reportaron largas colas ante las oficinas de OFICODA para cumplir con la medida. Esas aglomeraciones, en su mayoría de personas mayores, se producen en los peores momentos de la pandemia del COVID19 en Cuba.
Fuente: Diario las Américas
«Vinieron dos mujeres preguntando por mi nuera y nieta. Les dije que ella está estudiando en España con la niña y que no han podido regresar por el Covid-19», contó a DIARIO DE CUBA Esther María, una jubilada habanera que vive en Marianao. Después de entregarle unas planillas que debía llenar, le dieron 72 horas para presentarse en la estatal Oficina de Registro de Consumidores (OFICODA) para proceder a dar de baja a sus convivientes.
La medida aplicada ahora por las autoridades se apoya en la Resolución 78/91 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), que dispone la obligación de dar baja del registro a los consumidores que hayan fallecido, estén encarcelados, hospitalizados, recluidos en hogares de ancianos, designados en cargos o misiones oficiales o de viaje por asuntos particulares durante más de tres meses.
También debe cumplirse si el ciudadano cubano abandona el país de manera definitiva o viaja como becario o funcionario por más de tres meses y si es desalojado de su vivienda por resolución o sentencia del Instituto Nacional de la Vivienda.
De manera que la disposición ahora aplicada afecta a los emigrados, pero también a diplomáticos y profesionales en «misiones» del Gobierno en el extranjero.
Diario de Cuba subraya que los «mandados» racionados que el Estado entrega por «la libreta» apenas alcanzan para que una persona coma durante una semana. Sin embargo, la crónica escasez de alimentos hace que para muchos cubanos de bajos ingresos, en especial los ancianos y madres solteras, los productos que adquieren por esa vía sean críticos, sobre todo para tener acceso a huevos y carne de pollo.
La medida se aplica al mismo tiempo que el Gobierno despliega la impopular «Tarea Ordenamiento», por la que los alimentos racionados dejaron de estar bajo subsidio. A partir de enero de 2021 los «mandados» pasaron a costar 180 pesos, un incremento de alrededor del 1.500%.
Desde las ciudades cubanas, varios internautas reportaron largas colas ante las oficinas de OFICODA para cumplir con la medida. Esas aglomeraciones, en su mayoría de personas mayores, se producen en los peores momentos de la pandemia del COVID19 en Cuba.
Fuente: Diario las Américas