El subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael G. Kozak, condenó la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que controla las actividades de aquellas personas o empresas que reciban financiación exterior.
La Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por el régimen sandinista aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, Kozak alertó que la nueva medida supone un nuevo «movimiento autoritario» por parte del régimen de Daniel Ortega, y lamentó que la legislación tenga como objetivo voces disidentes.
«La ley aprobada ayer en la Asamblea Nacional de Nicaragua tiene como objetivo a la oposición prodemocracia y los medios de comunicación independientes», aseguró antes de afirmar que es otro «movimiento autoritario que busca silenciar a los críticos» con el Gobierno.
Así, ha insistido en que el pueblo de Nicaragua «no será libre hasta que pueda hablar por sí mismo y organizarse sin miedo».
La Ley se ha topado con las críticas de la oposición y organizaciones de Derechos Humanos, que la han calificado como un instrumento de represión política y restricción de libertades.
Con 70 votos a favor, la Asamblea sandinista aprobó este marco jurídico que tiene como objetivo, tal y como ha explicado, regular «a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y lo utilicen para realizar actividades que deriven en injerencia de organizaciones y Gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado».
El régimen de Daniel Ortega, que presentó la propuesta en septiembre, argumenta que este marco jurídico garantiza la «defensa y protección» de la independencia, soberanía y autodeterminación» de Nicaragua.
Los calificados como «agentes extranjeros» por la dictadura sandinista deberán registrarse en el Ministerio de Gobernación y detallar los fondos recibidos, así como en qué se gastan. También se les prohibirá intervenir en cuestiones de política interna, bajo amenaza de sanciones penales.
Para la opositora Alianza Cívica de Nicaragua, la ley «criminaliza a las organizaciones, empresas, medios de comunicación y asociaciones que reciben fondos de gobiernos externos» y, además, «viola Derechos Humanos y constitucionales», han denunciado a través de Twitter.
Fuente: Diario las Américas
«La ley aprobada ayer en la Asamblea Nacional de Nicaragua tiene como objetivo a la oposición prodemocracia y los medios de comunicación independientes», aseguró antes de afirmar que es otro «movimiento autoritario que busca silenciar a los críticos» con el Gobierno.
Así, ha insistido en que el pueblo de Nicaragua «no será libre hasta que pueda hablar por sí mismo y organizarse sin miedo».
La Ley se ha topado con las críticas de la oposición y organizaciones de Derechos Humanos, que la han calificado como un instrumento de represión política y restricción de libertades.
Con 70 votos a favor, la Asamblea sandinista aprobó este marco jurídico que tiene como objetivo, tal y como ha explicado, regular «a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y lo utilicen para realizar actividades que deriven en injerencia de organizaciones y Gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado».
El régimen de Daniel Ortega, que presentó la propuesta en septiembre, argumenta que este marco jurídico garantiza la «defensa y protección» de la independencia, soberanía y autodeterminación» de Nicaragua.
Los calificados como «agentes extranjeros» por la dictadura sandinista deberán registrarse en el Ministerio de Gobernación y detallar los fondos recibidos, así como en qué se gastan. También se les prohibirá intervenir en cuestiones de política interna, bajo amenaza de sanciones penales.
Para la opositora Alianza Cívica de Nicaragua, la ley «criminaliza a las organizaciones, empresas, medios de comunicación y asociaciones que reciben fondos de gobiernos externos» y, además, «viola Derechos Humanos y constitucionales», han denunciado a través de Twitter.
Fuente: Diario las Américas