El Departamento del Tesoro de EE.UU. congeló este miércoles todos los activos y criminalizó las transacciones financieras de la juez y el fiscal que participaron en el juicio a los seis ejecutivos de Citgo, subsidiaria de la petrolera nacional venezolana PDVSA, cuyo veredicto impulsado desde el régimen de Nicolás Maduro condenó a estas personas a 10 años de prisión.
Los señalados son Lorena Carolina Cornielles Ruiz, quien se desempeña como juez de la dirección ejecutiva del Tribunal Supremo del chavismo y Ramón Antonio Torres Espinoza, fiscal de corrupción en el Ministerio Público, reseña el comunicado del Departamento del Tesoro.
Asimismo, el texto indica que «los juicios de cada uno de los ejecutivos se basaron en acusaciones de motivación política y se vieron empañados por la falta de garantías procesales. Los medios y grupos de derechos humanos denunciaron el trato a los ejecutivos y se les negó el acceso a los juicios».
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también se pronunció sobre la adhesión de estos funcionarios a la lista negra del Tesoro. Al respecto, indicó que «estos dos funcionarios desempeñaron papeles cruciales en la farsa de juicio de cada uno de los ejecutivos de Citgo. Los procesos estuvieron lastrados por una falta de garantías de juicio justo y basados en cargos políticamente motivados», en un comunicado reseñado por EFE.
Los exdirectivos de la petrolera Citgo tenían tres años presos en Venezuela, cuando fueron sentenciados por el régimen de Nicolás Maduro a finales de noviembre. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista condenó a 13 años y siete meses de cárcel al expresidente de la filial, José Ángel Pereira Ruimwyk, mientras que el resto recibió condenas de ocho años y 10 meses.
El chavismo apresó de manera injusta a los empresarios en 2017. En aquel entonces, el régimen se valió de un engaño para traer a los exdirectivos a Caracas, con el propósito de tener una reunión, pero al llegar a a la capital venezolana fueron puestos tras las rejas.
De los seis ejecutivos, solo Jorge Toledo y Gustavo Cárdenas tenían arresto domiciliario, medida que en julio fue recibida de manera positiva por Estados Unidos, pero que la dictadura se encargó de revertir tan solo cuatro meses después.
Fuente: PanamPost