Catorce organizaciones de Cuba y en el extranjero denunciaron que al menos 132 personas, entre artistas, periodistas y activistas, fueron víctimas de detenciones, restricciones para salir de su domicilio y cortes del servicio de internet por parte del régimen de la Isla para evitar tanto la participación como la cobertura noticiosa de las protestas en contra de la violencia policial convocadas el 30 de junio. Según reseña el portal web Diario de Cuba
Según la declaración, que rubrican grupos como Reporteros sin Fronteras, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la asociación internacional de escritores PEN Internacional, el martes pasado la Seguridad del Estado de Cuba «encabezó operativos en contra de periodistas y activistas, quienes fueron detenidos en la calle y retenidos en sus casas contra su voluntad».
«De estas personas, 48 fueron detenidas y 84 estuvieron bajo arresto o vigilancia, en las provincias de Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana, Guantánamo, Matanzas y Villa Clara, de acuerdo con los datos obtenidos por organizaciones de derechos humanos en el país. La suspensión del servicio en los teléfonos móviles que se denunciaron se dio bajo los servicios de la empresa de comunicaciones ETECSA», indica la declaración.
El texto, que también suscriben la oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19, CADAL, el Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, el Centro de Información Legal Cubalex, English PEN, Freemuse, IFEX-ALC, el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, el Movimiento San Isidro, PEN America y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), recuerda que la convocatoria a manifestarse fue una reacción al asesinato del joven Hansel Ernesto Hernández Galiano por elementos de la Policía Nacional Revolucionaria en el municipio de Guanabacoa, el 24 de junio pasado.
Los organizadores llamaron a protestar en contra de la violencia policial, a exigir a las autoridades hacer publicidad del juicio y a castigar al oficial responsable, así como a liberar los presos políticos del país, entre otras demandas.
Sin embago, alertan que las acciones realizadas por el régimen de Cuba «el día de ayer, en las cuales se puso en marcha un importante operativo desde el 29 de junio en varias provincias del país, obedecen a una forma de censura previa donde se hace uso de recursos como la detención, la restricción para salir de sus domicilios y la intervención de las comunicaciones a través de la empresa estatal de comunicaciones ETECSA, para impedir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, el ejercicio periodístico y la libre expresión», recuerda la declaración.
Los firmantes señalan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente informe «Situación sobre los derechos humanos en Cuba» de 2019 «identificó un patrón en el uso de la detención arbitraria como método de hostigamiento por parte de la Policía y agentes de Seguridad del Estado» para desalentar manifestación crítica al régimen, obstaculizar la libre expresión e impedir la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales».
Las 14 organizaciones recuerdan que la propia CIDH señaló que las restricciones al derecho a la libertad de circulación busca «evitar que defensores de derechos humanos emitan y participen en expresiones críticas o de disenso colectivas al interior del país o al exterior del mismo».
Mientras que el propio organismo continental advirtió que las limitaciones al derecho a la libre expresión en internet realizadas a través del corte del servicio con carácter selectivo «es dañino en tanto que se contraviene el principio de acceso universal. Además, las motivaciones para las restricciones confrontan directamente al pluralismo y la diversidad, elementos indispensables para el proceso de deliberación pública y de libre expresión que deben prevalecer en el entorno digital».
Las organizaciones indican que, si bien al momento de la elaboración del comunicado las personas detenidas el martes habían sido liberadas, su propósito es exigir al régimen de Cuba «permitir el ejercicio de la protesta pacífica, abstenerse de continuar con el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos, y liberar sin cargos y sin represalias a las personas que fueron detenidas».
Fuente: Diario las Américas
El texto, que también suscriben la oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19, CADAL, el Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, el Centro de Información Legal Cubalex, English PEN, Freemuse, IFEX-ALC, el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, el Movimiento San Isidro, PEN America y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), recuerda que la convocatoria a manifestarse fue una reacción al asesinato del joven Hansel Ernesto Hernández Galiano por elementos de la Policía Nacional Revolucionaria en el municipio de Guanabacoa, el 24 de junio pasado.
Los organizadores llamaron a protestar en contra de la violencia policial, a exigir a las autoridades hacer publicidad del juicio y a castigar al oficial responsable, así como a liberar los presos políticos del país, entre otras demandas.
Sin embago, alertan que las acciones realizadas por el régimen de Cuba «el día de ayer, en las cuales se puso en marcha un importante operativo desde el 29 de junio en varias provincias del país, obedecen a una forma de censura previa donde se hace uso de recursos como la detención, la restricción para salir de sus domicilios y la intervención de las comunicaciones a través de la empresa estatal de comunicaciones ETECSA, para impedir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, el ejercicio periodístico y la libre expresión», recuerda la declaración.
Los firmantes señalan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente informe «Situación sobre los derechos humanos en Cuba» de 2019 «identificó un patrón en el uso de la detención arbitraria como método de hostigamiento por parte de la Policía y agentes de Seguridad del Estado» para desalentar manifestación crítica al régimen, obstaculizar la libre expresión e impedir la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales».
Las 14 organizaciones recuerdan que la propia CIDH señaló que las restricciones al derecho a la libertad de circulación busca «evitar que defensores de derechos humanos emitan y participen en expresiones críticas o de disenso colectivas al interior del país o al exterior del mismo».
Mientras que el propio organismo continental advirtió que las limitaciones al derecho a la libre expresión en internet realizadas a través del corte del servicio con carácter selectivo «es dañino en tanto que se contraviene el principio de acceso universal. Además, las motivaciones para las restricciones confrontan directamente al pluralismo y la diversidad, elementos indispensables para el proceso de deliberación pública y de libre expresión que deben prevalecer en el entorno digital».
Las organizaciones indican que, si bien al momento de la elaboración del comunicado las personas detenidas el martes habían sido liberadas, su propósito es exigir al régimen de Cuba «permitir el ejercicio de la protesta pacífica, abstenerse de continuar con el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos, y liberar sin cargos y sin represalias a las personas que fueron detenidas».
Fuente: Diario las Américas