viernes, abril 19, 2024
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Nicaragua 2021: Elecciones en represión y sin garantías

 “Tengo casa por cárcel desde hace tres meses”, afirmó el líder del Movimiento Campesino y exprisionero político Freddy Navas, que permanece bajo asedio, con dos autos de la policía apostados frente a su residencia que le impiden salir y nadie le puede visitar.

Navas llamó al abogado Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), para denunciar y solicitar a ese organismo verificara in situ el secuestro al que está siendo sometido. Los agentes le impidieron a Cuevas ingresar a la residencia del líder campesino.

Navas fue uno de los presos políticos liberados por el régimen sandinista el 11 junio de 2019, pero la represión contra los expresos políticos ha ido en aumento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares el 17 de septiembre de 2019 a favor de Navas debido a la persecución e intimidación a la que ha sido sometido.

“Para proteger los derechos a la vida e integridad del señor Freddy Alberto Navas López en Nicaragua, tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, expresa la CIDH, pero el régimen de Daniel Ortega ha ignorado las medidas cautelares de ese organismo al que impide continuar con las investigaciones sobre los crímenes registrados en el contexto de la represión contras las protestas antigubernamentales.

Navas dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que 35 exprisioneros políticos están enfrentando la misma situación que él, son perseguidos y sus viviendas permanecen rodeadas por agentes policiales. Otro de los asediados es Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, a quien no le permiten salir de Managua, dijo Navas.

Otros expresos permanecen en casas de seguridad para evitar ser encarcelados.

Navas es asediado y amenazado durante horas de la noche y de madrugada. “Han pasado por las noches con altavoces ofendiéndome, diciendo que me tienen vigilado, que están a una orden del comandante, que nos tienen vigilados a todos y que solo están esperando una orden para eliminarnos. Tengo más de tres meses de estar en esta situación, es en esto en lo que el gobierno gasta los fondos aprobados por el BCIE, el BID, el Banco Mundial y todos estos organismos (financieros) internacionales para reprimir a la oposición”, logró expresar el líder campesino a Cuevas.

El régimen de Daniel Ortega sigue recibiendo préstamos de los organismos multilaterales, fondos que la oposición afirma el dictador emplea para seguir financiando a la policía y grupos paraestatales.

El excoordinador del Movimiento Campesino Octavio Ortega Arana, también está bajo asedio, a través de las redes sociales denunció la presencia de fuerzas antimotines frente a su residencia.

En ese contexto concluye el 2020 para la oposición e inicia el 2021, un año electoral para Nicaragua.

Navidad y Año Nuevo en el duro exilio

Gemma Serrano, es una periodista exiliada junto a su familia, que lo perdió todo por protestar contra el régimen. Tras casi tres años de exilio no ve un panorama alentador en Nicaragua y su sueño de regresar pronto a su país poco a poco se diluye.

“Desde hace años hemos visto los cambios de panorama en la lucha de Nicaragua, según los intereses políticos y económicos de quienes son considerados una oposición funcional al régimen. Actores políticos que buscan cogobernar, recuperar o ganar espacios de poder utilizando la lucha popular para apuntalar procesos electorales faltos de garantías al igual que el “diálogo nacional” que iniciaron en 2018, que terminó con la resistencia y presión interna establecida por el pueblo desde las calles”, sostiene la comunicadora.

Ortega no ha cumplido con las promesas de reforma a la Ley electoral, que garantice transparencia y elecciones justas en un país donde se cuentan los votos de personas difuntas, pero algunos sectores de la oposición se preparan para participar pese a la falta de garantías y con un consejo electoral controlado por Ortega, algo que Serrano considera es prestarse al juego de un régimen denunciado por crímenes de lesa humanidad y que se aferra al poder.

“Hoy, muchos de ellos alentados por masas virtuales prefieren elevar perfiles de candidaturas en vez de reforzar estrategias y ejercer presiones reales para lograr una salida definitiva del dictador, que mediante persecución, amenazas, represión y muerte ha silenciado a centenares de opositores y líderes populares; que [también] por medio de su aplanadora en la Asamblea Nacional aprueba decretos y leyes a su medida, logrando inhibir la oposición politiquera que aún no logra entender el riesgo que representan unas elecciones en las circunstancias actuales”, apuntó Serrano.

Ortega se propone en el 2021 realizar las reformas electorales, lo que no ha hecho en cuatro años de su administración, también se propone iniciar un nuevo diálogo, aunque aun se desconoce con que sectores de la oposición lo haría.

El abogado y consultor legislativo, Oscar Carrión es de la opinión de que Ortega debe ser demandado por ilegitimidad en el ejercicio de su cargo, tras reelegirse inconstitucionalmente a través de un proceso viciado en violación a la Constitución.

“Si la comunidad internacional escuchó siempre las peticiones de reformas y elecciones de parte de los opositores oficiales era lógico que no apoyarían la ilegitimidad, pero si hubieran firmado unánimes por la ilegitimidad, otro gallo cantaría porque ya estaríamos pensando en juicios en tribunales internacionales, acción conjunta, incumplimiento de cláusulas de acuerdos comerciales y una serie de acciones en contra de la dictadura sandinista y no pasivamente aguantando la metralla de parte del dictador y sus huestes”, denunció.

Y aunque esos sectores de la oposición se preparan y hacen campañas en redes con miras a las elecciones, el régimen les ha puesto obstáculos al aprobar la llamada “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz” que impide postularse para cargos públicos y de elección popular a quienes a su discreción el régimen considere “golpistas” o “terroristas”, pese a que la Constitución vigente establece plenos derechos de participación política a todos los ciudadanos sin excepción.

De acuerdo con la ley, no podrán participar en los comicios generales de 2021 quienes “encabecen o financien un golpe de Estado, inciten a la injerencia extranjera, pidan intervenciones militares, propongan o gestionen bloqueos económicos o demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
Todos ellos “serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”, señala el texto aprobado. El Código Penal castiga hasta con 15 años de cárcel los delitos de “terrorismo” y “traición”.

Sobre la Ley, el secretario de Estado Mike Pompeo, dijo que “la implementación de esta norma contribuirá a debilitar incluso más a las instituciones y los procesos democráticos al prohibir que figuras de la oposición se postulen a elecciones, lo cual podría convertir a los comicios de 2021 en una “elección” meramente nominal”.

Pompeo señaló que estas acciones se suman a la aprobación en la Asamblea Nacional de una Ley sobre Agentes Extranjeros que atenta contra la posibilidad de los nicaragüenses de lograr cambios democráticos, así como de una Ley de Ciberdelitos que reprime de manera sistemática la libertad de expresión.

Estados Unidos no está dispuesto a tolerar estas amenazas a la democracia de Nicaragua, ni tampoco la opresión al pueblo nicaragüense. Hemos adoptado medidas, que incluyen sanciones a miembros de la familia de Ortega y a su círculo de allegados corruptos, para incentivar a su régimen a adoptar reformas democráticas en forma previa a las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre de 2021 en el país.

Pompeo instó a Ortega a revertir el curso de sus acciones, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y permitir que haya elecciones libres y justas. De lo contrario, Estados Unidos no dudará en imponer mayores consecuencias, pero la respuesta de Ortega ha sido lanzar improperios contra Estados Unidos por las sanciones contra su familia y allegados.

Fuente: Diario las Américas

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