Los ciudadanos de los países presidencialistas como los que hay en toda América, suelen pensar que el poder estatal más relevante es el Ejecutivo. Eso ocurre porque predomina un deficiente cultura cívica en casi todas partes, quizás, con la excepción de los Estados Unidos.
En rigor, el poder más relevante es el Judicial, porque es el que en la práctica determinará la calidad de vida de las personas, considerándolas en forma individual. ¿Por qué? Porque son los jueces los encargados de dictar justicia, que no significa como algunos creen hacer lo que “ellos” consideran que es “justo”, sino aplicar correctamente la ley y dictar sentencia conforme a Derecho. Eso brinda seguridad jurídica porque cada justiciable sabrá que no va a depender de una decisión arbitraria sino de una conocida de antemano. Habrá previsibilidad en las decisiones de los jueces.
Dentro del Poder Judicial el órgano más relevante es la Suprema Corte porque es la encargada de hacer respetar a la Constitución. Si el Ejecutivo y/o Legislativo e incluso algunos jueces no lo hacen, los magistrados de la Corte son los encargados de ponerle coto a sus desbordes.
Contar con una Corte digna es esencial para cualquier país. Por digna entendemos aquella en la cual sus miembros tienen por única brújula al Derecho y no especulaciones de índole menor, como por ejemplo a la política.
La Corte es el recurso de última instancia de aquellos que se sienten víctimas de una grave injusticia. Es el baluarte para que se respeten los derechos individuales y las garantías establecidas en la Constitución. Las decisiones de la Corte son las que determinarán si se vive en un país civilizado o en uno donde predomine la ley de la selva. O sea, entre República o tiranía.
El gobierno no podrá ser despótico aunque tenga esa inclinación, si en esa nación los jueces están bien formados y son independientes. La independencia de los jueces es un atributo esencial para que la República sea real y no de papel. Como diría Jean Baudrillard, no sea un “simulacro”. Es decir, que la presencia física de los magistrados oculte que en realidad no hay nada, que es pura simulación.
Los padres fundadores de los Estados Unidos cuando estaban analizando los fundamentos sobre los cuales erigir una República bien constituida, le otorgaron al Poder Judicial un lugar destacado porque eran conscientes del rol esencial que estaba llamado a cumplir.
Esos autores establecieron que la independencia de los jueces era vital para que la justicia prevaleciera y con ella la paz social. Mostraron que la autonomía de los jueces sería real si se cumplían estas dos condiciones: inamovilidad e ingresos fijos adecuados. Estos dos factores serían la garantía de que ningún gobernante o autoridad podría ejercer una influencia indebida sobre las decisiones de los magistrados.
Alejandro Hamilton señala que el “estándar de que los jueces permanezcan en sus cargos mientras tengan buena conducta, verdaderamente es uno de los aportes modernos más valiosos de la práctica de gobierno […] nada contribuye más a su firmeza e independencia que el tener la seguridad de que no podrán ser removidos”. En consecuencia, esta condición debe ser considerada como un ingrediente indispensable de una Constitución y de un gobierno republicano.
El otro factor que recalca Hamilton es la seguridad que deben tener los jueces de contar con ingresos fijos que les permitan llevar una buena calidad de vida. Observa que “en el curso general de la naturaleza humana, el poder que alguien tenga sobre los ingresos de una persona, equivale al dominio que tendrá sobre su voluntad”.
Con respecto a la calidad de las decisiones judiciales, Hamilton señala que las “reglas de interpretación judicial son reglas de sentido común […] la auténtica prueba de su justa aplicación, es su conformidad con la fuente de donde ellas emanan”.
Pues bien, la Corte Suprema de Argentina ha demostrado recientemente que no es digna de tal nombre. Por supuesto que eso no incluye a todos sus miembros; sin embargo, como órgano estatal es uno solo. En consecuencia, el desprestigio en que ha caído la mayoría de sus integrantes alcanza a ese cuerpo como un todo.
Movidos por intereses que se alejan del Derecho —aunque la sentencia esté abarrotada de términos jurídicos— la Corte le ha dado el golpe de gracia a una República que estaba en terapia intensiva porque el avance del gobierno sobre los diferentes poderes del Estado es un hecho incuestionable. La última esperanza para la República- que va más allá del caso particular sobre el cual tenía que decidir- se acaba de desmoronar.
El caso concreto era si avalaban el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de sus cargos, situación que fue impulsada por Cristina Kirchner —presidenta de facto de Argentina— porque complicaban su proyecto de impunidad y venganza. Los mencionados jueces habían perdido las instancias judiciales anteriores a las que habían recurrido en busca de protección porque todos se habían inclinado ante los deseos de la vicepresidenta. El último recurso que les quedaba es que la Corte los blindara. Bruglia y Bertuzzi estaban confiados porque tenían a su favor la acordada 7 de la Corte, dictada en 2018, que había convalidado sus traslados.
Sin embargo, la Corte se reinterpretó a sí misma y argumentó que lo que había dicho en la acordada en realidad no lo había dicho. Además, ajustando su fallo al doble pensar orweliano, expresó que la inmovilidad de los jueces estriba en que sean provisorios.
La única postura disidente fue la de Carlos Rosenkrantz, presidente de ese cuerpo, quien afirmó que resulta «indiscutible» que “un magistrado trasladado con sujeción a las pautas constitucionales y reglamentarias vigentes al momento de su traslado tiene la garantía de inmovilidad que establece el artículo 110 de la Constitución nacional. Esta garantía se refiere al derecho de los magistrados a permanecer en sus empleos mientras dure su buena conducta y a no ser trasladados a otro cargo sin su consentimiento”.
La mayoría de los analistas dice que el fallo de la Corte fue “salomónico” porque no le dio toda la razón ni al gobierno ni a la oposición, dado que señaló que esos jueces deberán dejar sus puestos “pero no de inmediato”. Precisamente, esa visión es la que demuestra que esos magistrados no son dignos del alto cargo que ocupan porque su función consiste en aplicar correctamente al Derecho utilizando el sentido común. En consecuencia, son justas las decisiones que están en conformidad con la fuente de la cual emanan —tal como subraya Hamilton— no cuando se “contenta” a tirios y troyanos. Al actuar así, demostraron que sus decisiones se toman en base a intereses ajenos al simple dictado de la justicia.
Incluso, el día que escogieron para dar a conocer su dictamen expone que son conscientes de lo bochornoso de su fallo. ¿Por qué? Porque luego de tenerlo por más de un mes sin tomar una decisión a pesar de que reconocieron que era algo “urgente”, lo dieron a conocer justo el día de las elecciones de Estados Unidos, sabiendo que la prensa internacional estaría enfocada en ese asunto y en consecuencia, su “ejecución” de la República argentina pasaría desapercibida fuera de fronteras.
Lo concreto, es que de ahora en adelante nadie estará seguro en la Argentina porque han aniquilado implícitamente la independencia de los jueces: se podrá encarcelar impunemente a periodistas, opositores, manifestantes pacíficos y a cualquiera que moleste al poder de turno.
Que haya sido la propia Corte la que le dio el golpe de gracia a la República, debe ser uno de los pecados más infames que pudieron cometer la mayoría de sus integrantes.
Fuente: PanamPost