Venezuela -con el parlamento instalado por el régimen el 5 de enero- puede encaminarse hacia el modelo ruso de la década de los noventa, en donde se mantenía el autoritarismo político, pero con liberalismo en lo económico con una marcada presencia de matices gansteriles y de corrupción.
Esta es una de las conclusiones del análisis titulado “El nuevo parlamento venezolano: ¿resuelve o perpetúa la crisis?” publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo y su Oficina en la Región Andina.
En el informe se cita la perspectiva de Andrés Antillano, psicólogo social de la Universidad Central de Venezuela, quien sostiene que la cercanía con el modelo ruso puede estar impulsada por “las pugnas internas que habían sido aplazadas ante la lógica amigo-enemigo propia del relato de una revolución asediada”.
Desde su perspectiva, en términos transversales, con el proceso del 6 de diciembre, intentan hacer ver que se resolvió el conflicto político-coyuntural del país porque el régimen intenta demostrar que derrotó a la oposición, pero no resolvió la crisis nacional.
“No obstante, la resolución del conflicto político “no se traduce en resolución de la crisis de legitimidad, de gobernabilidad, ni la crisis económica, todo lo contrario, lo que podría ocurrir es una suerte de fosilización, de perpetuación de la crisis”.
Al respecto, Antillano agrega que el problema estructural radica en que a partir de las presidenciales de 2018 “las elecciones ya no resuelven las crisis políticas en Venezuela”.
Una postura similar sobre la ausencia de resolución a la crisis del país exhibe el profesor en Ciencias Políticas Michael Penfold quien sostiene que el evento del 6 de diciembre “con niveles muy bajos de participación electoral y con muy malos resultados para aquellos partidos de oposición que decidieron participar, plantea una crisis de representación enorme que de ninguna forma va a permitir resolver los problemas de fondo en Venezuela”.
Sin embargo, la amplia mayoría del chavismo en la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero -tiene 256 diputados de los 277 que integran la cámara- les permitirá aparentar legalidad en decisiones relevantes como autorizar el Presupuesto Nacional y el endeudamiento externo, aprobar leyes habilitantes, aprobar un proyecto de Reforma Constitucional y Leyes Orgánicas, elegir y remover las autoridades del Poder Judicial, Ciudadano y Electoral y aprobar una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El ex ministro Víctor Álvarez -hoy apartado del chavismo- explica en el informe publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo que “más allá de las promesas de campaña del chavismo, el telón de fondo se presenta en los cambios económicos que pueden derivarse de las decisiones de esa mayoría (…) La AN podría funcionar para habilitar legalmente una apertura económica que ofrezca a la inversión extranjera un mayor porcentaje de participación accionaria en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y demás minerales estratégicos, así como en la gestión de los servicios públicos”.
Desde la perspectiva de Álvarez, este modelo iniciaría con un proceso de apertura, liberalización y privatización para oxigenar desesperadamente la economía e intentar suavizar el bloqueo: “Al abrir las empresas públicas al capital privado y proteger sus inversiones, el Gobierno aspira que con estos incentivos las transnacionales petroleras y los inversionistas extranjeros se sumen al lobby internacional ante el Gobierno de EEUU para que levanten las sanciones”.
La dinámica política interna también cambiará con el nuevo Parlamento. Antillano explica que el chavismo se debatirá entre sus impulsos democráticos y sus impulsos autoritarios: “Podría escoger una oposición con la cual negociar, con la cual abrir foro político, pero también podría suceder que el chavismo se engolosine con esta situación de hegemonía, de dominación incontestada, sin oposición. Y eso va a significar un peligro de agudización de las dinámicas autoritarias que están presentes en el chavismo, porque además es el resultado de una victoria”.
Adicionalmente, explica que en un escenario de despolitización y mucho malestar social, los conflictos no solo serán internos, sino que pueden generalizarse a los sectores populares e incluso a las fuerzas armadas”.
En el análisis publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo y firmado por las investigadoras venezolanas María Eugenia Fréitez y Lorena Fréitez, se indica que “la cualificación de una agenda de negociaciones
para resolver la profunda crisis política, concreta el desafío más importante para Venezuela. ¿Cuáles son los términos, los formatos y los interlocutores del acuerdo político en Venezuela?”.
Sobre esta interrogante las autoras del informe sostienen que el marco de las negociaciones se puede comprender bajo tres lógicas.
La primera, maximalista y cortoplacista, gobernada por el razonamiento de “suma cero”.
Otra transaccional y también de corto plazo, de negociaciones parciales, centrada en la dosificación de cuotas de poder sin horizonte estratégico de fondo (Ambas han regido la relación entre Gobierno y oposición hasta ahora) Y una tercera, de gobernabilidad a largo plazo e incremental.
Rechazo Internacional
Paralelo a la instalación de este Parlamento electo sin respaldo popular; la Asamblea Nacional legítima, encabezada por Juan Guaidó, amparado en los propios estatutos de la constitución venezolana, que fueron respaldados en consulta popular con participación mayoritaria, extendió sus funciones a pesar de haber concluido este 5 de enero su período constitucional, hasta tanto en el país estén dadas las condiciones para que se realicen elecciones con las garantías necesarias.
La decisión de postergar las funciones de este Parlamento elegido por voto popular en 2015 cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Fuente: Diario las Américas
Desde su perspectiva, en términos transversales, con el proceso del 6 de diciembre, intentan hacer ver que se resolvió el conflicto político-coyuntural del país porque el régimen intenta demostrar que derrotó a la oposición, pero no resolvió la crisis nacional.
“No obstante, la resolución del conflicto político “no se traduce en resolución de la crisis de legitimidad, de gobernabilidad, ni la crisis económica, todo lo contrario, lo que podría ocurrir es una suerte de fosilización, de perpetuación de la crisis”.
Al respecto, Antillano agrega que el problema estructural radica en que a partir de las presidenciales de 2018 “las elecciones ya no resuelven las crisis políticas en Venezuela”.
Una postura similar sobre la ausencia de resolución a la crisis del país exhibe el profesor en Ciencias Políticas Michael Penfold quien sostiene que el evento del 6 de diciembre “con niveles muy bajos de participación electoral y con muy malos resultados para aquellos partidos de oposición que decidieron participar, plantea una crisis de representación enorme que de ninguna forma va a permitir resolver los problemas de fondo en Venezuela”.
Sin embargo, la amplia mayoría del chavismo en la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero -tiene 256 diputados de los 277 que integran la cámara- les permitirá aparentar legalidad en decisiones relevantes como autorizar el Presupuesto Nacional y el endeudamiento externo, aprobar leyes habilitantes, aprobar un proyecto de Reforma Constitucional y Leyes Orgánicas, elegir y remover las autoridades del Poder Judicial, Ciudadano y Electoral y aprobar una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El ex ministro Víctor Álvarez -hoy apartado del chavismo- explica en el informe publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo que “más allá de las promesas de campaña del chavismo, el telón de fondo se presenta en los cambios económicos que pueden derivarse de las decisiones de esa mayoría (…) La AN podría funcionar para habilitar legalmente una apertura económica que ofrezca a la inversión extranjera un mayor porcentaje de participación accionaria en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y demás minerales estratégicos, así como en la gestión de los servicios públicos”.
Desde la perspectiva de Álvarez, este modelo iniciaría con un proceso de apertura, liberalización y privatización para oxigenar desesperadamente la economía e intentar suavizar el bloqueo: “Al abrir las empresas públicas al capital privado y proteger sus inversiones, el Gobierno aspira que con estos incentivos las transnacionales petroleras y los inversionistas extranjeros se sumen al lobby internacional ante el Gobierno de EEUU para que levanten las sanciones”.
La dinámica política interna también cambiará con el nuevo Parlamento. Antillano explica que el chavismo se debatirá entre sus impulsos democráticos y sus impulsos autoritarios: “Podría escoger una oposición con la cual negociar, con la cual abrir foro político, pero también podría suceder que el chavismo se engolosine con esta situación de hegemonía, de dominación incontestada, sin oposición. Y eso va a significar un peligro de agudización de las dinámicas autoritarias que están presentes en el chavismo, porque además es el resultado de una victoria”.
Adicionalmente, explica que en un escenario de despolitización y mucho malestar social, los conflictos no solo serán internos, sino que pueden generalizarse a los sectores populares e incluso a las fuerzas armadas”.
En el análisis publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo y firmado por las investigadoras venezolanas María Eugenia Fréitez y Lorena Fréitez, se indica que “la cualificación de una agenda de negociaciones
para resolver la profunda crisis política, concreta el desafío más importante para Venezuela. ¿Cuáles son los términos, los formatos y los interlocutores del acuerdo político en Venezuela?”.
Sobre esta interrogante las autoras del informe sostienen que el marco de las negociaciones se puede comprender bajo tres lógicas.
La primera, maximalista y cortoplacista, gobernada por el razonamiento de “suma cero”.
Otra transaccional y también de corto plazo, de negociaciones parciales, centrada en la dosificación de cuotas de poder sin horizonte estratégico de fondo (Ambas han regido la relación entre Gobierno y oposición hasta ahora) Y una tercera, de gobernabilidad a largo plazo e incremental.
Rechazo Internacional
Paralelo a la instalación de este Parlamento electo sin respaldo popular; la Asamblea Nacional legítima, encabezada por Juan Guaidó, amparado en los propios estatutos de la constitución venezolana, que fueron respaldados en consulta popular con participación mayoritaria, extendió sus funciones a pesar de haber concluido este 5 de enero su período constitucional, hasta tanto en el país estén dadas las condiciones para que se realicen elecciones con las garantías necesarias.
La decisión de postergar las funciones de este Parlamento elegido por voto popular en 2015 cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Fuente: Diario las Américas